Comunidades indígenas y afromexicanas piden avalar en este periodo ordinario la reforma constitucional en materia del derecho a la libre determinación

• La iniciativa en la materia enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados propone un “cuarto orden de gobierno”, explica el diputado Juan Ramiro Robledo, de Morena

• Los foros de discusión enriquecerán el dictamen que formulará la Comisión de Puntos Constitucionales para mejorar las herramientas de defensa de los pueblos originarios, señala el diputado Reginaldo Sandoval, del PT

Palacio Legislativo, 13-03-2024 (Notilegis).- Comunidades indígenas y afromexicanas que integran la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (Aldea) solicitaron a las diputadas y los diputados federales dictaminar y aprobar en este periodo ordinario de sesiones las iniciativas en materia del derecho a la libre determinación.

Los representantes de la citada alianza entregaron un documento que alberga observaciones y puntos técnicos a considerar en la dictaminación de dichas iniciativas al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien estuvo acompañado del diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), presidente de la Comisión de Infraestructura.

En conferencia de prensa, Robledo Ruiz explicó que la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados en materia de comunidades indígenas y afromexicanas, es arropada por varias propuestas que presentaron diputadas y diputados de la actual legislatura, ya que son parecidas en el fondo y forma. 

Lo que se propone es una especie de “cuarto orden de gobierno” en donde, al lado de los municipios, las comunidades indígenas se administren directamente, tengan su propio presupuesto y se reconozca su cultura, medicina tradicional y propiedad intelectual comunal, explicó. 

Adelantó que el dictamen podría ser discutido a mediados de abril, lo que da el tiempo suficiente para que los pueblos originarios manifiesten sus inquietudes y propuestas.  

En su oportunidad, el diputado Reginaldo Sandoval sostuvo que las observaciones entregadas por la organización Aldea buscan construir estrategias colectivas para fortalecer el marco jurídico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

“Adicionalmente, hay que destacar que, como resultado de los foros de discusión que se están realizando en todo el país, el dictamen que habrá de formular la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, se enriquecerá a fin de mejorar las herramientas de defensa y vida de estas comunidades”, apuntó.

Por su parte, Juan Nezahualcóyotl Cano Téllez, representante de Aldea, resaltó la importancia de la iniciativa que pretende garantizar el derecho a la libre determinación y reconocer a las comunidades indígenas como “el cuarto orden de gobierno”, al ser sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Pese a ello, dijo, es importante evitar que la responsabilidad de determinar qué comunidad tiene acceso a este derecho recaiga en los gobiernos de las entidades federativas; “ya que fue una problemática que hemos vivido durante estos 30 años o más, desde los acuerdos de San Andrés Larrainzar”. 

“Creemos que si queda en la responsabilidad de cada entidad federativa nos va a pasar lo mismo, vamos a seguir estando subordinados a cada estado; en la Constitución Política queda que somos reconocidos, pero las entidades federativas son autónomas y siempre nos alegan que ellos saben cuándo legislar, cuándo aplicar o quién sí y quién no”, aseveró. 

Otro punto para considerar es la creación de instrumentos de corresponsabilidad, a fin de que los pueblos con autodeterminación y el Estado coadyuven en temas donde el alcance de una comunidad sea limitado, como la inseguridad

“Cuando ya se disfrutan del derecho a la libre determinación, de un presupuesto directo, el Estado mexicano, los municipios o ayuntamientos se deslindan de las obligaciones que siguen teniendo con esas comunidades.

“Al impartir nuestros sistemas normativos somos muy limitantes, no es tanto nuestro alcance, hay cosas que nosotros no podemos resolver, como es el crimen organizado, porque somos vulnerables”, subrayó. 

También se busca la garantía de consultas libres, vinculantes y ejecutadas por el Estado, a fin de que haya imparcialidad y se respete la decisión de cada comunidad. 

Del mismo modo, que se asegure el acceso al patrimonio cultural, biocultural y a la propiedad intelectual colectiva de cada pueblo, ya que actualmente se restringe el acceso o se realizan cobros excesivos, concluyó.