Las grúas de tránsito de nuevo al ataque

Uno de los problemas que aquejan a quienes vivimos en la capital del estado de Veracruz es el del tráfico para trasladarse de un punto a otro de la ciudad, debido principalmente al gran número de vehículos que circulan por todas las calles y avenidas, que las convierten prácticamente en intransitables.

El problema se acentuó con la entrada en circulación de un número indeterminado de taxis, reglamentados y piratas, que desde las pasadas administraciones estatales, se repartieron concesiones como si fueran programas de mano, pero ahora es que nos toca padecer las consecuencias de uno más de los negocitos multimillonarios.

Otra de las plagas que afectan a los atenienses veracruzanos, es el de las grúas, encargadas de llevarse los vehículos al corralón.

También en el último año de la pasada administración, posiblemente porque sabían que ya se tenían que ir, se pusieron a “trabajar” a toda su máxima capacidad, recogiendo y llevando al corralón a cuantos vehículos se encontraban por todos los rumbos de la ciudad.

Ese detalle que pudiera parecer insignificante, posiblemente también fue un factor de contribuyó a que el partido en el poder perdiera las pasadas elecciones en forma por demás apabullante, debido al descontento y malestar provocando entre la ciudadanía que se vio afectada por la llamada operación grúa.

Porque no es nada más la multa que se tiene que pagar a tránsito del estado por estar estacionado en algún lugar prohibido, aparte hay que sumarle el costo del servicio de arrastre de las grúas y por si no fuera suficiente también hay que pagar por el servicio de corralón.

Con el cambio de gobierno y de la administración, como que se calmaron los ánimos persecutorios, hasta se llegó a pensar que ya habían desaparecido las famosas grúas, pero no fue así, nuevamente han vuelto a la operación los camiones de gran capacidad, para llevarse en un solo viaje dos y hasta tres vehículos, pero igual les cobran a los tres como si hubiera sido uno especial.

Aunque se supone que es la autoridad de tránsito del estado la que aplica el reglamento, el “servicio” de grúas lo realiza una empresa particular, lo que no debería de ser así, porque si es tan buen negocito el arrastre de vehículos al corralón, deberían de ser con grúas oficiales y no privadas las que lo hicieran.

Porque los mal pensados dirán que más que tratar de resolver el problema de tránsito lo que se está haciendo es llenando los bolsillos de quienes tienen la concesión del servicio.

El tema ya llegó incluso al Congreso del Estado en donde el diputado Rodrigo García Escalante, presentó esta semana una iniciativa de Decreto, que reforma el artículo 159 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado, respecto a la regulación de la prestación del servicio auxiliar de carga especializada para el arrastre y salvamento de vehículos, así como lo relativo a los depósitos vehiculares, señalando que las obligaciones, el procedimiento de actuación, requisitos, y todas las funciones de ambos servicios públicos,

Porque hasta el momento no se encuentra vigente el Reglamento de Arrastre, Salvamento y Depósito de Vehículos, que contenga las tarifas establecidas para la prestación de estos servicios públicos por parte de permisionarios o concesionarios.

Al no existir tal regulación, que establezca una base tarifaria, generó el abuso en la aplicación de cobros excesivos en perjuicio de los usuarios, dejando en estado de indefensión a cualquier ciudadano que por motivo de algún suceso vehicular requiera de sus servicios especializados.

Las constantes quejas de la ciudadanía, en relación a la regulación de las tarifas por el servicio de grúas es latente, pues resulta totalmente gravoso poder cubrir el costo de la maniobra y arrastre, así como el monto de la pensión que se genere en el depósito vehicular por el resguardo del vehículo.

No hay que olvidar que estamos en un año electoral, en donde son muchos los detalles que se deben de cuidar para no provocar el descontento y en consecuencia el voto de castigo por lo que pude bien considerarse un abuso de la autoridad.

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