Las nuevas leyes anticorrupción en Veracruz

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Por Miguel Angel Cristiani G.

Sin lugar a dudas que el hecho de que el gobernador Miguel Angel Yunes Linares haya promulgado la reforma constitucional en materia de Combate a la Corrupción y que además haya enviado un paquete de 8 iniciativas que reforman y consolidan el Sistema Estatal Anticorrupción es un gran avance, en materia legislativa, pero falta verlo en su correcta aplicación en la práctica.

Y es que no se necesita ser un experto ni un estudioso del derecho para saber que en nuestro país y también en nuestro estado, existe un muy completo paquete de leyes, decretos y reglamentos, pero que lamentablemente también existen mil y una formas para no aplicarlos y burlarse de la justicia.

No hay que ir muy lejos, en el pasado más reciente, durante toda la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, en prácticamente todas las dependencias se estuvieron violando las leyes, normas procedimientos y la supervisión en el manejo de los recursos públicos.

Esta es la hora, a nueve meses de la actual administración, que no se termina de determinar -ni siquiera- el monto de los miles de millones de pesos del presupuesto estatal que fueron desviados, todavía este lunes en un noticiero de televisión estatal dieron a conocer la existencia de un rancho millonario para caballos en la zona de Briones, a unos cuantos kilómetros de la capital, en donde todavía se investiga la posible compra, adaptación y funcionamiento con recursos de los veracruzanos.

Cabe entonces cuestionarse, que estaban haciendo el Congreso del Estado encargado de aprobar las cuentas públicas, la Contraloría General y las de las dependencias, así como el mismísimo Organo de Fiscalización Estatal, que hasta ahora salen a decir que ya se está investigando y hay abierta una de esas famosas “carpetas de investigación”.

La macabra realidad que estamos viviendo los veracruzanos, nos ha demostrado que de nada sirven las leyes, reglamentos, decretos y demás merjungues legaloides, cuando se trata de desviar los recursos públicos, se crean otros tantos ingeniosos y elaborados métodos de desaparición del presupuesto.

Así las cosas, respecto a la reforma constitucional y las 8 iniciativas de reformas que entregó el gobernador del estado Miguel Angel Yunes Linares a la presidenta del Congreso María Elisa Manterola Sainz, en una ceremonia que por su trascendencia debió de ser protocolaria, – hasta el Coordinador de Comunicación Social fue de traje- pero que muchos de los invitados asistentes estuvieron chateando y leyendo sus mensajitos del Facebook mientras se desarrollaba, como una muestra de falta de respeto, ahora tendrán que ser analizadas, discutidas y seguramente aprobadas por la mayoría de diputados panista y del PRD.

Aunque también habrá que ver hasta donde esa legislación puede ser impugnada como ilegal, dadas las condiciones de irregularidad en que está funcionando el Congreso de Veracruz, luego de que las fracciones de diputados del PRI, Juntos por Veracruz y Morena decidieron no asistir a las sesiones del pleno -en donde se tienen que aprobar- en protesta por el incumplimiento de los acuerdos parlamentarios con la presidencia de la Junta de Coordinación Política, a cargo del también panista Sergio Hernández Hernández.

Hay que reconocer, que sin ser estudiosos del Derecho, las iniciativas tienen aspectos que pueden ser muy interesantes, como por ejemplo, la creación de un Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en esta capital y que se anuncia como un órgano autónomo e independiente de los Poderes del Estado y que estará facultado para “imponer sanciones a servidores públicos estatales y municipales, así como a particulares que incurran en faltas administrativas graves”.

Nos comenta al respecto Pancho López el filósofo de mi pueblo, que a lo mejor en ese todavía no famoso Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se pueden interponer denuncias en contra de los funcionarios de la pasada y hasta de la actual administración, que no han pagado las deudas que el Gobierno del Estado adquirió y mantiene con empresarios y proveedores veracruzanos de diversos rubros. A ver si es cierto.

Porque además, ahora la Ley de Responsabilidades Administrativas -de nueva creación-  establece principios y obligaciones que regirán a los servidores públicos, ex servidores públicos y, por primera vez, a particulares que participen en acciones de gobierno como contratistas, concesionarios o proveedores de bienes o servicios.

También resultará muy interesante el hecho de que ahora todos los titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Autónomos serán nombrados por el Congreso del Estado, pero que en las circunstancias actuales, solamente está funcionando el pleno con las gracciones del PAN-PRD y el diputado del Verde Ecologista, por lo que se podría dar también el fenómeno del “agandalle” de puestos para sus correligionarios partidistas.

Otro punto que puede ser controversial es el del nombramiento del Fiscal Anticorrupción, que a nivel federal motivó un severo enfrentamiento entre los partidos políticos, que consideraban que al dar el pase automático del Procurador General de la República como Fiscal Anticorrupción se estaría nombrando a un funcionario que en lugar de perseguir a los corruptos, los pudiera estar encubriendo.

La diferencia es que aquí en Veracruz, se está creando una figura de Fiscal Anticorrupción, que será nombrado y removido por el Congreso del Estado, que en las circunstancias actuales, será designado por la mayoría que se formó recientemente en el PAN y la fracción del PRD y Verde, que suman un total de 27 diputados y diputadas del total de cincuenta, así que también se podrá elegir a un fiscal anticorrupción de las simpatías panistas.

Habrá que esperar a que los y las diputadas del Congreso veracruzano, analicen, discutan y aprueben el paquete legislativo que les envió el gobernador -que como ya es tradición es el máximo legislador- para ver como quedan finalmente y poder hacer un análisis más detallado de cada una de las 8 iniciativas anticorrupción.

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