Los magistrados de Yunes 

Punto de Vista

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.
Como se anticipó ayer en este mismo espacio, el gobernador electo Cuitláhuac García presentó al que será el secretario de Gobierno a partir del primero de diciembre, Eric Patrocinio Cisneros Burgos. *** Cuitláhuac puso especial énfasis en que su gobierno habrá de buscar “acuerdos políticos”, dando a entender que la llegada de Eric Cisneros tiene como fin resaltar ese atributo. *** El próximo secretario de Gobierno dijo que Veracruz transitará hacia una nueva etapa, en la que serán desterrados vicios como el influyentismo, la corrupción y la impunidad. *** “Vamos a fortalecer la honestidad; se va a acabar el Gobierno simulador y que tiene enojada a la sociedad”, advirtió. *** Dijo que la Secretaría de Gobierno será “un despacho abierto e itinerante”. *** El próximo lunes Cuitláhuac García presentará a quien fungirá como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.

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El propio gobernador lo confirmó este miércoles: Impondrá a los nuevos 12 magistrados del Poder Judicial del Estado.
Y lo hará “aiga sido como aiga sido” (dixit Felipe Calderón).
Tras la demostración de fuerza de los diputados locales de Morena, del PRI y de “Unidos por Veracruz”, a Miguel Ángel Yunes Linares le quedó claro que no podría imponer sus propuestas de magistrados, si no era mediante un intenso (y carísimo) cabildeo, o “sacándole la vuelta” al orden jurídico.
La Constitución de Veracruz, en su Artículo 33, fracción XIX, establece como atribución del Congreso “nombrar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a los magistrados del Poder Judicial (…)”. Esto es, que para aprobar cada nombramiento requeriría del voto favorable de 34 legisladores, cifra imposible de alcanzar.
Sin embargo, en el Artículo 59 de la Constitución se establece que “en los recesos del Congreso, la Diputación Permanente hará el nombramiento, con carácter provisional, en tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva”.
Lo que ya no dice este Artículo -y tampoco se plantea en la Ley Orgánica del Poder Legislativo- es que en la Comisión Permanente tengan que conseguir mayoría calificada (dos tercios).
Al parecer se obvió ese requisito, pues de todas formas los nombramientos tienen que pasar a la ratificación del Pleno, donde forzosamente deberán ser aprobados por al menos 34 diputados.
En la Comisión Permanente Yunes Linares cuenta con los votos favorables de seis diputados (cinco del PAN y uno del PRD), mientras que estarían en contra uno del PRI, otro de Juntos por Veracruz y dos de Morena.
Seis contra cuatro. Suficientes para imponer una mayoría simple, y nada más.
Este miércoles el gobernador anunció que habrá de presentar sus propuestas “esta semana” y que ha dedicado gran parte de su tiempo a “consultar con instituciones públicas superiores, foros de abogados, obviamente con el Poder Judicial, de tal manera que a las personas que proponga reúnan plenamente los requisitos constitucionales y tengan el reconocimiento social que deban de tener quienes integrarán el Tribunal Superior de Justicia”.
El perfil que plantea el mandatario estatal es bastante ambiguo. Son muchos los que reúnen los requisitos de Ley y es muy abstracto el concepto de “reconocimiento social”.
Lo que se sabe es que entre sus propuestas van abogados sin experiencia en la materia.
La tarde del miércoles trascendió que José Luis Cuevas Gayosso habría presentado ya su renuncia a la Dirección de la Facultad de Derecho de la UV, con el fin de estar en condiciones de ser votado para una posición de magistrado. Este jurista no tiene trayectoria en la carrera judicial.
En el mismo caso están otros abogados como Elías Moreno Azamar, consejero jurídico del gobernador; Enoc Castelán Estrada, ligado a la Fiscalía General del Estado; Lauro López Sumaya, titular de la Subsecretaría Jurídica en la Secretaría de Gobierno y Rosalba Rodríguez Rodríguez, directora del Instituto Veracruzano de la Defensoría Jurídica.
Hay un detalle que debe llamar la atención: El Artículo 210, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que para ratificar a los magistrados por un período adicional de 5 años se tiene que tomar en cuenta su porcentaje de efectividad en las resoluciones que han emitido. Esto es, que no basta con dictar sentencias, sino que esas resoluciones estén sustentadas y que queden firmes ante cualquier impugnación.
¿Cómo entender que se establezca este requisito para ampliar la gestión de un magistrado, y no se utilice dicho parámetro para darles el cargo?
Entrevistado en fecha reciente por el periódico Notiver, el abogado Sergio Vaca Betancourt dio su opinión sobre el perfil que deben cubrir los nuevos magistrados. Dijo que las designaciones deben recaer “en jueces de probada honestidad, con capacidad y experiencia, gente con carrera judicial, además incorporar a algunos abogados litigantes que aporten aire fresco al Tribunal Superior de Justicia”.
Comentó que hay jueces que han estado relegados, a pesar de que cuentan con un palmarés extraordinario, y mencionó dos casos:
“El Juez Segundo de Primera Instancia, Javier Castellanos Chargoy, es un hombre educado, con capacidad y no es centavero. El Juez de Control Rafael Hernández Virués, es un profesional valioso que tiene experiencia como Agente del Ministerio Público y, además, como Secretario de un Juzgado Penal, con destacadísima trayectoria, en Xalapa le confirman el 95 por ciento de las resoluciones, un porcentaje altísimo”.
Al margen de tendencias políticas, en la búsqueda de magistrados con capacidad y experiencia para dar los mejores resultados, Miguel Ángel Yunes Linares tiene de dónde escoger.
A menos, claro está, que esté resignado a que sus propuestas sean rechazadas y haya aprovechado para “cumplir” algunos compromisos y después salirles con aquella vieja expresión: “¡nos ganaron, hermano!”.

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Epílogo.
Miguel Ángel Yunes les dejó a políticos y periodistas, una trivia para que se entretuvieran. Se refirió, sin dar nombres, a un diputado local que podría ser llevado a la cárcel una vez que concluya su gestión y que, por lo tanto, pierda el fuero: “… quienes votaron en contra o se abstuvieron de eliminar el fuero de la Constitución. Y lo hicieron para proteger, cuando menos, a un diputado local; es decir, lo hicieron con una actitud absolutamente corrupta. Sabían perfectamente bien que al reformar la Constitución y quitar el fuero, al menos uno de los actuales diputados locales sería sometido a proceso. Llegará el momento, perderá el fuero por razón cronológica”. *** ¿No adivinan a quién se refiere? No es quienes muchos piensan. Vayan a los archivos y revisen qué diputados se opusieron a la eliminación del fuero. Entre ellos está el nombre de ese legislador al que el aún gobernador pretende mandar a la cárcel.

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